Memoria democrática: Construyendo el futuro trans a través del pasado

Durante el franquismo había prisiones para gais activos y pasivos con el objetivo de evitar relaciones íntimas, mientras que las mujeres acababan en centros psiquiátricos debido a su 'frustración sexual'

Valle de los Caídos

«A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales […] se les aplicarán para que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:

a) Internado en un establecimiento de trabajo o Colonia Agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. c) Sumisión a la vigilancia de los delegados»

Con estas palabras, el 15 de julio de 1954 se modificaba la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 para incluir de forma expresa la homosexualidad. Mediante esto, casi 5000 personas fueron detenidas por su orientación sexual o identidad de género hasta 1978, cuando España dejó de considerar la homosexualidad y transexualidad como un delito.

«Los propios padres denunciaban a sus hijos, pero no por maldad, sino por desconocimiento. Pensaban que se podía ‘curar’ y acudían a la Iglesia, que tenía mucho poder durante el franquismo», declara Agustín Zaragozá, educador e investigador de la represión franquista al colectivo LGTB en la Comunitat Valenciana. Durante estos años, la Policía conocía los lugares en los que los homosexuales se reunían y se infiltraban entre ellos para flirtear; cuando la respuesta era positiva, lo esperaban a la salida y lo detenían. Según el educador, no se permitía que más de 5 hombres fueran por la calle juntos, por lo que para reunirse en una casa debían entrar uno a uno dejando varios minutos de diferencia. La clase social del detenido era un factor determinante a la hora de imponer una pena u otra: «No era lo mismo ser el hijo de un panadero que de un comandante. Estos últimos eran obligados a trabajar en la Guardia Civil para localizar homosexuales o a casarse con una mujer», continua Zaragozá.

Los dos centros penitenciarios para homosexuales más importantes estaban en Huelva (para ‘activos’) y Badajoz (‘pasivos’). El franquismo determinaba a que prisión debía trasladarse cada detenido en función de su ‘pluma’ para evitar el sexo en las cárceles. «Para ellos, estaban siguiendo un método científico que no podía fallar. Sin embargo, la pluma no es indicadora de nada y el sexo era habitual», afirma el investigador. En la Comunitat Valenciana, la prisión habilitada para ellos fue la Modelo de València, que dejó de actuar como cárcel en 1991. Zaragozá narra que la vida en estos centros no era tan peligrosa como parece, ya que entre los presos «no existía rivalidad, sino solidaridad» y su principal función era realizar ‘labores para la sociedad’, como coser balones de fútbol. El mayor problema eran las palizas constantes y las agresiones sexuales por parte de funcionarios, así como «ser entregados como premio a los presos chivatos».

Por lo que respecta a las mujeres, no solían ir a la cárcel, ya que el pensamiento franquista no comprendía que existiera el sexo entre ellas. En este caso, se las trasladaba a centros psiquiátricos, al considerar que estaban frustradas sexualmente. En relación a las personas trans, las mujeres acababan en prisión por ‘travestismo’ y los hombres estaban invisibilizados.

El sistema político y la falta de avances médicos suponían que la perspectiva de las personas trans fuera diferente durante estas décadas en España, tal y como manifiesta el presidente de la asociación andaluza Pasaje Begoña, Jorge Pérez: «No existía la posibilidad de un tratamiento hormonal o reasignaciones quirúrgicas, así que la única esperanza era vestirse de acuerdo a su gusto y que sus amigxs les llamaran por el nombre que escogieran. La sociedad franquista seguía viendo a las mujeres como ‘maricones’».

«No existía la posibilidad de un tratamiento hormonal o reasignaciones quirúrgicas. La única esperanza era vestirse de acuerdo a su gusto y que sus amigxs les llamaran por el nombre que escogieran»

No obstante, ambos expertos están de acuerdo que el mayor problema para este colectivo no era la prisión, sino la estigmatización posterior. «Una vez salían, se les daba 24h para recoger sus cosas y se les desterraba a casi 200 km de su casa. Encontrar trabajo era casi imposible y la mayoría acababan en la prostitución, lo que contribuyó al mito de la promiscuidad y el vicio», recalca el educador valenciano. Por su parte, Pérez hace hincapié en la valentía de este colectivo al «ser una pieza fundamental» en los derechos LGTB, así como en la necesidad de analizar estos años desde otra perspectiva. Para él, la memoria trans recuerda la tragedia que este colectivo sufrió pero no trata toda su lucha ni méritos, como ser protagonistas durante la revuelta de Stonewall. «Hay una falta de visibilidad enorme, ya que más del 50% de los asistentes del Orgullo LGTB no conoce referentes de esta lucha. Sería ilógico pensar en las disputas raciales y no conocer a Rosa Parks», añade el presidente de Pasaje Begoña.

Vista al futuro

El colectivo LGTB fue uno de los afectados en la posterior Ley de Memoria Histórica de 2007 en la que «se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». Desde este año, esta ley apenas ha sufrido modificaciones y han sido las comunidades autónomas las que han llevado la iniciativa para aprobar las suyas propias. Entre sus puntos, la ley incluye una compensación económica para aquellas personas LGTB que sufrieron esta represión, sin embargo, hay vacíos en otros ámbitos. «Además de esto, debe haber una compensación social o reconocimiento, porque no sirve de nada una pensión mínima si no acaban ocupando el papel en la historia que se merecen», critica Pérez. Esta idea también la comparte el investigador valenciano, ya que considera que es necesario incluir en el temario educativo la represión franquista al colectivo LGTB debido al desconocimiento sobre estos años en relación a este colectivo.

La incompatibilidad de leyes autonómicas frente a la estatal ha incrementado en los últimos años el debate sobre una ley estatal más ‘progresista’, tal y como expresa el presidente de Pasaje Begoña: «La ley estatal actual es de mínimos, así que en este caso es preferible que cada comunidad lo gestione como considere, ya que hay leyes autonómicas que consideran a las personas LGTB víctimas del franquismo, mientras que la nacional no. Será interesante tratar este tema cuando haya una ley estatal de máximos».

En el caso de la Comunitat Valenciana, se aprobó esta ley en 2017 y recoge una de las demandas más solicitadas por este colectivo, la retirada de antecedentes penales por motivos de orientación sexual o identidad de género. Para ello, es necesario solicitar este ‘borrado’ ya que no es automático, por lo que no todos han acudido a esto. «Muchas personas son mayores, no quieren volver a hablar de ello o simplemente lo mantienen oculto por vergüenza», mantiene el educador valenciano. Una vez solicitado, estos archivos se entregan al implicado para que haga lo que considere oportuno, como destruirlos, guardarlos o donarlos, aunque en los últimos meses ha surgido un debate sobre esto: «Desde la perspectiva de la memoria democrática, es importante guardarlos. Nadie entendería que se encontraran estos archivos sobre Lorca y la familia los destruyera», recuerda Zaragozá.